Caso Roque Dalton en el “limbo judicial” por tardanza de Fiscalía

Por Tomás Andréu

El crimen del poeta Roque Dalton tiene consecuencias jurídicas y quien realizó el juicio, la decisión y la ejecución del poeta, tendrá que enfrentar las consecuencias jurídicas, dice el abogado Henry Fino del IDHUCA. 

 

El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Henry Fino, experto en temas legales sobre derecho humanitario, le detalló a este medio la situación jurídica sobre el caso Roque Dalton, luego que la familia de la víctima haya exigido hace casi cinco meses a la Fiscalía General investigar el crimen para establecer la verdad de su asesinato ocurrido el 10 de mayo de 1975.

 

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió la denuncia de la familia Dalton el pasado 14 de mayo, cuando el escritor hubiera cumplido 75 años de vida. En el reclamo aparecen involucrados los ex jefes guerrilleros Joaquín Villalobos, ahora asesor del presidente mexicano Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico, y Jorge Meléndez, actual director de Protección Civil, de El Salvador.

 

El primero, Villalobos, involucró a Meléndez en la participación y decisión de asesinar al poeta Dalton. El segundo afirmó en una entrevista con este mismo medio que “no recordaba el asesinato de Roque Dalton”, si no «un proceso político en el cual salieron muertos varios compañeros, uno de ellos, Roque Dalton».

 

El caso, ahora en manos de la FGR, cumplirá el próximo 14 de octubre 150 días de estar prácticamente en un “limbo jurídico”.

 

El abogado Fino nos habla sobre los hechos, las perspectivas y ruta que podría tomar el caso en el futuro inmediato. Roque Dalton es el intelectual salvadoreño más universal, estudiado y criticado por la academia internacional. Su obra poética revolucionó las letras en El Salvador y Centroamérica.

 

Desde lo jurídico, ¿cómo puede verse que 35 años después del asesinato del poeta Dalton se busque justicia y qué competencia tiene el Estado en ese sentido?

Nosotros alegamos que por el tipo de delito y por los motivos que hubo, éste es un delito imprescriptible. Eso significa que independientemente del tiempo, tiene que haber justicia. El Estado tiene obligación. Puede verse incomprensible que hasta ahora la familia busque las instituciones del Estado para hacer justicia, pero (lo anterior) son las cosas públicas que se conocen, sin embargo, los hijos del poeta siempre han mantenido esta lucha, y no la iniciaron ellos; la inició la mamá de Roque Dalton. Ella, cuando le comentan que han asesinado a Roque, ella pide en los medios de comunicación, exige, que le entreguen el cuerpo. Hay una lucha que la familia ha mantenido durante 35 años. Hubo en su momento algunos que dijeron que iban a colaborar, que iban a brindar información. Eso alentó a la familia, por lo menos, a recuperar el cuerpo. Frente al fracaso y mentira de toda esta gente, la familia no tuvo otra opción que iniciar las acciones (legales) correspondientes, y basados en una persecución ideológica, que es una de las situaciones que se dan, se pudiera calificar (el caso Dalton) de imprescriptible. Entonces se toma la decisión de presentar la denuncia ante la Fiscalía, la que también, no ha sido muy diligente.

 

¿Qué otros elementos hacen imprescriptible el caso Dalton?

Porque no fue durante la guerra, no fue un combatiente, si no un intelectual, poeta, político, que al interior de la organización disentía de muchas cosas y esa diferencia de pensamiento con la cúpula, la dirigencia, hace que tome la decisión de enjuiciarlo sumariamente y condenarlo a muerte. Hay una persona que muere con Roque y es Pancho. Él era, aparte de imputado, testigo. Pancho era el ejemplo para hacer ver que Roque estaba en contra de algunos elementos de la organización. Entonces es un crimen de una organización irregular que juzga y asesina al poeta por tener diferencia con la dirigencia. Lo anterior, por algunas investigaciones que se han hecho, fue una conducta sistemática en la organización.

 

¿Qué papel juega la Fiscalía General de la República en el caso 35 años después?

Recordemos que la Fiscalía tiene el monopolio de la acción. Presentamos la denuncia proponiéndole algunas diligencias investigativas para que llegue al conocimiento de la verdad. La Fiscalía con la denuncia tiene que iniciar inmediatamente la investigación para conocer quiénes son los responsables y saber dónde están los restos del poeta para entregárselos a sus familiares.

 

Recientemente, por ejemplo, concluimos una etapa de una masacre (durante la guerra) en Arcatao, Chalatenango. Medicina Legal y la Fiscalía les entregó los restos de 9 masacrados a sus familiares. Eso es lo correcto. La masacre fue hace 30 años. El poeta tiene 35. No es gran cosa la diferencia. Entonces sí se puede, sí se debe hacer eso.

 

¿Cuál ha sido el avance desde que presentaron la denuncia en la Fiscalía?

Solicitamos una audiencia, nos atendió uno de los funcionarios, el licenciado Julio Arriaza, director de los Intereses de la Sociedad, de la Fiscalía. Pedimos una audiencia con el titular de la Fiscalía, Romeo Benjamín Barahona, pero fue Arriaza quien los atendió finalmente. Se cumplieron 120 días, el 14 de septiembre pasado, desde que presentamos la denuncia. Asistieron las víctimas y dos colegas del IDHUCA. En resumen se nos informó que en tres semanas íbamos a saber quién sería el fiscal asignado al caso (más de cuatro meses después de haberse interpuesto la denuncia, aún no hay fiscal asignado para la petición de justicia del caso Dalton). El retraso de la Fiscalía es tan grave que ni siquiera le han asignado un número de entrada a la denuncia ni un fiscal que inicia las investigaciones del caso.

 

¿Y qué papel juega el IDHUCA en el caso Roque Dalton ante la familia y la Fiscalía?

Nosotros entramos al caso por solicitud de los hijos del poeta asesinado y los estamos acompañando y asesorando en esta búsqueda de justicia.

 

Si el caso avanza en la Fiscalía y se le asigna un fiscal, ¿cuál es la perspectiva del IDHUCA sobre la línea de investigación?

Nosotros solicitamos algunas diligencias. Que se les tomen algunas entrevistas a algunas gentes, que se le haga inspección al lugar donde habría sido asesinado el poeta. Tenemos otros testigos que oportunamente los vamos a presentar para que se les entreviste para ir armando la línea de investigación para deducir la responsabilidad. Presentamos, además, algunas entrevistas que algunos dirigentes del ERP han dado. Una de Joaquín Villalobos al mismo hijo del poeta, Juan José Dalton, en la cual él asume la responsabilidad y además señala quiénes eran los que conformaban la dirigencia del ERP y que tomaron la decisión (de matar a Dalton). Esos son algunos de los elementos que hemos propuesto para que la Fiscalía inicie la investigación.

 

¿Qué pasa en el terreno jurídico con las leyes, reglas y disciplinas de un grupo irregular como usted le llama (al ERP) ante la ley del Estado?

Independientemente que haya sido una organización irregular, no pueden bajo ninguna circunstancia, establecer su propia justicia, sus propias leyes. Si fue un juicio político o fue una broma –por llevar el caso al extremo ridículo, pero con respeto-, eso tiene consecuencias jurídicas y quien realizó ese juicio o lo que haya sido, quien tomó la decisión, quien lo ejecutó, esa acción tiene consecuencias jurídicas. Quien tomó la decisión, quien ejecutó a Roque Dalton debe pagar por ese acto ilegal que cometió.

 

¿La Fiscalía puede entrar en sintonía con ustedes y decir “el caso es imprescriptible” o también les puede decir “señores, el caso es caso cerrado, no proceden sus demandas”?

Exactamente, cualquiera de las dos posiciones puede tomar la Fiscalía. Nos puede decir “iniciemos las investigaciones” o nos puede decir “el caso prescribió”; pero el caso Dalton ha sido un buen ejercicio jurídico-intelectual para nosotros porque se sale de las reglas más comunes, más conocidas de la imprescriptibilidad y así llegamos a la conclusión que es imprescriptible.

 

¿Si la Fiscalía dice “el caso prescribió” ustedes pueden apelar o buscarían instancias internacionales?

Ambas cosas. Como IDHUCA buscamos que la institucionalidad del país funcione. Vamos a incorporar todos los elementos necesarios para que la institucionalidad funcione pero si no funciona a partir de todos los elementos discutibles que nosotros podamos plantear, pues está abierta la posibilidad de ir a instancias internacionales. Iríamos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

 

¿Qué clase de sanción o resultados busca la familia Dalton?

Podemos encerrar su pregunta: buscamos justicia. La justicia incluye el conocimiento de la verdad. Asignar la responsabilidad y castigo a quien la tuvo y la reparación. La reparación puede ser la reivindicación de la memoria del poeta.

 

Jorge Meléndez, ex dirigente del ERP, decía que él conoce su verdad de los hechos y que él tiene derecho de contarla cuando creyese oportuno. ¿Qué significa esto jurídicamente?

Él en su defensa no está obligado a confesar. Él tendrá que incluir todos aquellos elementos que lo excluyan de la responsabilidad penal que pudiera tener. Yo no digo que la tenga. Nosotros los denunciamos a ellos por las mismas declaraciones de Joaquín Villalobos, pero Jonás (alias de Jorge Meléndez durante la guerra) está cometiendo un gravísimo error con ese tipo de declaraciones y la Fiscalía ya debió tomar en cuenta eso para la investigación, porque si yo digo “yo tengo mi verdad”, quiere decir que yo tengo información. Ya lo hubiera citado la Fiscalía para que dijera qué es lo que sabe. Digamos que no fue Jonás quien tomó la decisión en el Estado Mayor del ERP (del asesinato de Roque Dalton); pero entonces, sabiendo no lo dice… Eso se llama encubrimiento o complicidad. La Fiscalía pudiera no procesarlo por la toma de decisión, por la responsabilidad intelectual, pero sí puede procesarlo por el encubrimiento o por la complicidad, porque sabiendo del cometimiento de un ilícito penal no da la información que tiene. Hay muchísimos elementos por los cuales puede actuar la Fiscalía, pero lamentablemente no lo ha hecho. En otra oportunidad me dijeron “ustedes lo que están haciendo es nada más cumpliendo un requisito”, pero no. Si estuviésemos cumpliendo un requisito yendo a la Fiscalía, no nos hubiéramos tomado el tiempo de analizar, investigar y fundamentar toda nuestra denuncia. No la hicimos para que nos dijeran que no. Nos tomamos el tiempo e incorporamos a compañeros valiosos de nuestra institución con experiencia y mucha capacidad para darle todos los elementos a la Fiscalía y hacia dónde pudiese irse en la línea de investigación. Lo hacemos con el único interés que la institucionalidad del país funcione en beneficio de la verdad, la justicia y la reparación.

 

Usted, su equipo de expertos y la familia Dalton ¿le estarían poniendo un tiempo límite de acción a la Fiscalía y qué pasará cuando se agote ese tiempo límite?

Sí, claro. Nosotros no somos ingenuos. No vamos a esperar 10, 15 ó 20 años más. Hasta ahorita la Fiscalía no ha hecho nada, entonces eso va en contra del Estado salvadoreño. No le han asignado un número de referencia, un fiscal. Eso va en contra del Estado salvadoreño. Nosotros estamos insistiendo. Les decimos “¿qué pasó, cómo va el caso?”. Vamos a evaluar con la familia, después de un par de semanas qué es lo que ellos quieren. Nosotros les hemos planteado todo el panorama (a la familia Dalton). Si ellos nos dicen “creemos que no debemos darle más tiempo (a la Fiscalía)”, entonces procederíamos a la denuncia internacional.

 

No estamos en contra de Pedro, Juan y Luis. Sencillamente, con los elementos que recogimos, tenemos algunos elementos de convicción de la participación de ambos (se refiere a Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez). Nosotros no somos juzgadores. Llegamos a la Fiscalía para que ella inicie la investigación y al final deduzca la responsabilidad que cada quien tiene. Si ellos no tienen responsabilidad, en buena hora. Si tienen responsabilidad, que caiga la justicia sobre ellos.