La reconciliación nacional no se decreta

Establecer muros a la impunidad a fin de que los horrendos hechos de la guerra nunca vuelvan a suceder

Más de 28 años han pasado desde el fin de la guerra civil y la sociedad salvadoreña continúa sin concretar su reconciliación, cuando era uno de los objetivos de los acuerdos de paz de enero de 1992, no únicamente parar la confrontación armada y democratizar el país.

La FRDalton, que impulsa la búsqueda de justicia, verdad y reparación para el caso del asesinato de nuestro poeta hace 45 años, sostiene que los actores políticos deben dejar a un lado sus mezquinos intereses de grupo y pensar en la sociedad en su conjunto, así como en el futuro de esta, y aprobar en la Asamblea Legislativa una ley verdadera e integral de Reconciliación Nacional.

Pero sostenemos que la reconciliación nacional no se resuelve por decreto: tienen que haber acciones de justicia plena en favor de las víctimas, cuyas heridas no sanan después del daño que sufrieron y después de que su victimización ha sido constante por la vigencia de la impunidad.

Frente a esta realidad rechazamos cualquier intento de los políticos representados en el legislativo de decretar una nueva ley de amnistía, por más disfrazada que esté. La nueva ley debe cumplir lo que dicta la sentencia de la Sala de lo Constitucional, cuando abolió la Amnistía de 1993 por impune. Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son no amnistiables e imprescriptibles, por lo tanto deben ser investigados todos, los del Ejército, Guerrilla y civiles que actuaron al amparo de los poderes en conflicto.

La nueva ley debe estar en correspondencia con las convenciones del sistema interamericano de derechos humanos y con las convenciones de las Naciones Unidas, pero además de ello, procurar que se cumpla la integralidad en el cumplimiento de las funciones del Estado para resarcir el daño causado a las víctimas y establecer los muros a la impunidad, a fin de que los horrendos hechos de la guerra nunca más vuelvan a suceder.

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