Por: Andrea Martínez y Edgardo Ayala
Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos, excomandantes del ERP, son los principales señalados de cometer el asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton, el 10 de mayo en 1975
Tres casos sobre ejecuciones y desapariciones forzadas sucedidas durante el conflicto armado salvadoreño, incluyendo el del poeta Roque Dalton, han sido admitidos ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con lo cual se abre la posibilidad de que los familiares de las víctimas encuentren por fin la justicia que nunca han encontrado en El Salvador.
Y en un avance aún más significativo en la búsqueda de esa justicia, otro caso de desaparición forzada, admitido previamente por esa instancia, ha pasado ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en donde se va a juzgar y probablemente a condenar al Estado salvadoreño por su falta de acción en encontrar la verdad y a los responsables del hecho.
Un paso más hacia la búsqueda de justicia
Sobre los tres primeros casos, se trata del poeta Roque Dalton, asesinado por sus mismos compañeros de guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el 10 de mayo de 1975.
La familia Dalton denunció al Estado salvadoreño por falta de justicia en marzo de 2011, y el caso fue admitido por la CIDH el 1 de diciembre de 2021, más de 11 años después.
“Esos casos suelen ser larguísimos”, dijo a Vanguardia El Salvador el Juan José Dalton, hijo del escritor.
Los abogados y la familia Dalton fueron notificados a mediados de junio de 2022, porque siempre hay un considerable desfase entre la admisión del expediente y la notificación a las partes, dijo Juan José.
Ese mismo desfase también sucedió con los otros casos.
Esa instancia internacional también admitió, el 5 de septiembre del 2021, el caso de Félix Antonio Augusto Ulloa, quien se desempeñaba como rector de la Universidad de El Salvador cuando fue asesinado el 29 de octubre de 1980.
La CIDH admitió además, el 22 de noviembre de 2021, el expediente sobre la desaparición forzada de Francisco Arnulfo Ventura Reyes y José Humberto Mejía, estudiantes de derecho de la Universidad de El Salvador, vistos por última vez el 22 de enero de 1980.
Al admitirlos, la CIDH inicia el trámite formal de la investigación que pudiera culminar, en un primer momento, con que esa instancia le recomiende al Estado salvadoreño el cumplimiento de medidas de justicia y reparación hacia las familias de las víctimas, pero si no las cumple puede ser juzgado y condenado por la Corte IDH.
Tanto la CIDH como la Corte IDH son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la primera tiene su sede en Washington, EE. UU., y está adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), y la segunda, en San José, Costa Rica.
Benjamín Cuéllar, de la Fundación Victimas Demandantes (Vidas), dijo que “ahora comienza el trámite para que el Estado cumpla con las recomendaciones que vierta la Comisión, o que pase a la Corte”.
Justamente a esa Corte fue enviado ya, el 14 de mayo de 2022, el expediente sobre la desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, su padre Mauricio Cuéllar Cuéllar y la empleada doméstica Julia Orbelina Pérez.
Emilie fue desaparecida el 28 de junio de 1982 y su padre y la señora Julia Orbelina, un día después, el 29 de junio de 1982.
Benjamín Cuéllar dijo que la CIDH funciona como una especie de fiscalía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, al no resolverse en esa primera instancia, pasa los casos a la Corte IDH, que funciona como tal, como un tribunal de justicia.
“Ya logramos, con la lucha de las familias de la víctimas que el caso pase ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos… ahí ya se juzga al Estado salvadoreño”, dijo Benjamín Cuéllar, sobrino de Mauricio y primo de Emilie, en una reciente conferencia en la que participaron otros familiares de víctimas de esos casos.
El Salvador vivió una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992, en la que murieron unas 75 000 personas. Hubo además alrededor de 8,000 personas desaparecidas, la gran mayoría a manos de los escuadrones de la muerte.
Roque, el eterno poeta
El caso de Roque Dalton es un claro ejemplo de injusticia e impunidad que ha perdurado sin ninguna resolución por parte de los órganos de justicia durante décadas, sin algún avance o esperanza hacia los familiares de las víctimas.
“Esperamos que con esta nueva posición de la CIDH, haga caminar más rápido la justicia aquí en El Salvador y se comience un verdadero proceso penal para los sobrevivientes que asesinaron a mi padre”, dijo Juan José, que también estuvo en la citada conferencia.
Los responsables de la muerte del escritor formaban parte de la dirigencia del ERP en 1975, incluyendo a Joaquín Villalobos y al comandante “Jonás”, Jorge Meléndez.
La familia del escritor ha señalado siempre a Villalobos y a Meléndez como los principales autores del crimen, y los acusaron formalmente en 2010.
Dalton es el poeta más celebrado y reconocido en El Salvador. Logró perfilarse como uno de los grandes de las letras latinoamericanas y se codeó, una vez fuera del país, con autores como el argentino Julio Cortázar y los uruguayos Eduardo Galeano y Mario Benedetti, entre otros.
El escritor fue tildado de pequeño burgués que instigaba a la insubordinación, por parte de los mandos del ERP, y peor aún, lo acusaron de ser espía de la CIA, lo que llevaría a la decisión de asesinarlo.
Entrevistado en 1993 por Juan José, que es periodista, al final de la guerra civil, el propio Villalobos le dijo: “Fue una decisión de la dirección de esa época de 1975, tendría que hacer una precisión, pero ahorita me recuerdo de Alejandro Rivas Mira, Jorge Meléndez, Vladimir Rógel, Alberto Sandoval (Lito) y otro compañero de seudónimo Mateo y yo. Probablemente se me ha quedado un par de nombres más”.
Ninguno de ese grupo, los que aún viven, ha querido revelar dónde se encuentran los restos del escritor, y la familia Dalton ha pasado casi medio siglo sin poder llegarle una flor a la tumba.
“La tumba de mi padre no existe, pero hemos dado con testimonios que dicen que sí hay una tumba y que la tienen escondida, no quieren decirlo. Esperamos que el sistema de justicia de El Salvador aclare eso, para que logremos localizar los restos mortales tanto de mi padre como de Armando Arteaga”, enfatizó el hijo del escritor, en referencia también a la otra persona asesinada también por el ERP, detenido junto a Dalton.
En la descripción y cronología de los hechos, la CIDH dice en el documento con el que admite el caso, que los Dalton solicitaron el 30 de septiembre de 2013 un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se iniciara una búsqueda de los restos del poeta.
“Sin embargo, las investigaciones fiscales procedieron al hallazgo de numerosos vestigios en los que se habría reconocido el paradero del poeta Dalton. Según lo detalla, los posibles lugares de sus restos eran el caserío Milagro de la Roca, inmueble El Chaparral, La Coyotera, Finca Colombia, todos ubicados en el cantón Primavera del municipio de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad”, reza el documento.
Un muro de impunidad
Juan José dijo que su familia lleva más de 47 años pidiendo justicia, y que el caso en El Salvador se encuentra en manos de la Sala de lo Constitucional, luego de que los Dalton presentaron un amparo en mayo de 2018, para revertir los varios fallos de las instancias nacionales de justicia.
Esas instancias habían resuelto a favor de los autores del asesinato del escritor, Villalobos y Meléndez, tras considerar que el proceso ya había prescrito.
El muro de impunidad con el que se toparon los Dalton comenzó primero con la denuncia que interpusieron el 14 de mayo del 2010 ante la FGR, la cual abrió un expediente ese mismo año.
Sin embargo, fue la misma Fiscalía la que solicitó al Juzgado Noveno de Paz, de San Salvador, que decretara el sobreseimiento definitivo de los señalados, y el tribunal lo hizo el 9 de enero de 2012.
Los Dalton apelaron ese fallo pero la Cámara Tercero de lo Penal, de la Primera Sección del Centro, de San Salvador, confirmó el sobreseimiento definitivo el 9 de enero de 2012.
Tres años antes, en 2009, Mauricio Funes había ganado las primeras elecciones presidenciales por el FMLN y había puesto a Meléndez al frente de la Dirección General de Protección Civil, en un acto que indignó a la familia del escritor.
Paralelamente al proceso legal interno, los Dalton ya habían denunciado al Estado salvadoreño ante la CIDH por falta de justicia, en marzo del 2011.
Ahora se espera que el caso avance en el país. Sin embargo, eso está por verse a partir de que la Justicia es controlada por Nayib Bukele desde su visión omnipresente desde el Ejecutivo.
Sin embargo, Bukele se ha mostrado seguidor de la causa de los Dalton, e incluso decidió echar a Jorge Meléndez de la Dirección General de Protección Civil, cuando tomó posesión del gobierno, el 1 de junio de 2019, y comenzó el descabezamiento de funcionarios del FMLN.
“Se le ordena al ministro de Gobernación @marioduran1, que remueva al director @PROCIVILSV, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton”, escribió Bukele en un tuit, el 3 de junio de ese año.
Empero, esa pudo haber sido una medida meramente mediática.
Sobre el amparo interpuesto por los Dalton, Benjamín Cuéllar acotó: “El amparo fue admitido por la Sala de los Constitucional destituida y esta actual no ha resuelto desde que llegó, entonces demandamos que resuelvan para no estar en un limbo”.
Es por ese amparo que el caso del poeta más universal de El Salvador sigue abierto.